A pocas horas de una sesión clave en la Cámara baja, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reafirmó este martes su apoyo a la Ley de Emergencia en Discapacidad al sostener que la iniciativa “no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas”.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Llaryora afirmó que el país “no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan”. En ese marco, hizo un llamado a los diputados y diputadas para que rechacen el veto del presidente Javier Milei.
El jefe de Estado firmó el veto que declaraba la emergencia para discapacidad, que garantizaba fondos hasta diciembre del 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.
Tras la nueva arremetida del libertario contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, Diputados convocó para este miércoles la sesión especial impulsada por bloques opositores para tratar el veto sobre Discapacidad y también contra el aumento de las jubilaciones. La citación fue solicitada por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y comunicada por el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagan.
Para que la oposición pueda insistir con la sanción original de los proyectos que vetó Milei, deberá conseguir que dos tercios de los presentes los acompañen, mientras que el oficialismo los puede ratificar con un solo tercio de los diputados presentes. En ese marco, el gobernador cordobés ratificó el compromiso de su administración y del bloque legislativo que la representa para sostener la iniciativa y "ayudar a ser una sociedad cada vez más humana y más integradora".
Este lunes, el Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto presidencial y respondió favorablemente al reclamo de una familia de dos niños con discapacidad, que denunció que peligraba el acceso al derecho a la salud. El fallo del juez Adrián González Charvay, si bien no afecta el veto, exime a esos casos y sienta un precedente.
Trabajadores y personas con discapacidad realizarán otro paro y movilización en Córdoba: "Dos caminos"
Este miércoles, organizaciones, prestadores, personas con discapacidad y familiares realizarán una nueva jornada de protesta en la plaza San Martín de Córdoba en defensa a la ley de Emergencia en Discapacidad. Solicitan el apoyo de senadores y diputados para frenar el veto del presidente Milei.
La Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) convocó a un paro por 24 horas, en un reclamo que se replicará en diferentes puntos del país. "Hoy más que nunca diputados y senadores deben dar cuenta de por qué están en ese lugar, haciéndose presentes y defendiendo los derechos que garantizan un sistema de apoyos", señala el comunicado que difundió ATI.
El colectivo definió los recortes del Gobierno nacional como un "genocidio silencioso" y denunció el "abandono y la violencia" que padece este sector. Carolina Armeloni, representante de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis), advirtió sobre el riesgo de perder una "política pública sólida en discapacidad" y la importancia de la ley principal 24.901 y la ley 26.378 que incorpora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sin afectar el equilibrio fiscal.
Armeloni señaló que, el peligro de que el país se quede sin una política pública en materia de discapacidad significa que, por ejemplo, “una persona que requiera una silla de ruedas, que cuesta alrededor de $ 15 millones, no la podría conseguir”. “Aquí se garantiza el acceso a las personas con discapacidad más allá de su condición económica”, remarcó en diálogo con La Voz.
Además, explicó que la sesión en Diputados es clave en materia de derechos de las personas con discapacidad. “Habrá dos caminos: seguiremos siendo un país con una política importante en materia de discapacidad y con acceso a apoyos, o un país donde las personas podrán acceder o no a las prestaciones dependiendo de su situación económica”, expuso.